Perú entre Washington y Pekín, 2026

 La llegada al poder del actual Gobierno peruano tras las elecciones de 2026 coincide con un momento de creciente tensión geopolítica en el continente por la competencia entre Washington y Pekín por ampliar su influencia regional.

Para el Perú, el renovado interés de Estados Unidos hacia América Latina, impulsado por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, plantea un escenario especialmente delicado debido al peso económico de China: el gigante asiático representa alrededor del 36 % de las exportaciones peruanas y es el principal socio comercial de Lima, con casi 51.000 millones de dólares en comercio bilateral. A ello se suma la inauguración del puerto de Chancay en 2025, con una participación china de 60 %, cuyas implicaciones económicas y geopolíticas han despertado preocupación en Washington ante la posibilidad de que pueda adquirir una dimensión de uso dual comercial y militar.

La relación entre China y el Perú tampoco ha estado exenta de controversias dentro del propio país. La presencia de flotas pesqueras chinas en aguas próximas al mar peruano ha generado tensiones con los gremios pesqueros locales y episodios de confrontación entre embarcaciones de ambos países. Del mismo modo, la adquisición de Luz del Sur —una de las principales empresas distribuidoras de electricidad de Lima, principal núcleo demográfico del país— por China Yangtze Power despertó los temores sobre la vulnerabilidad de sectores estratégicos de la economía peruana.

Sin embargo, la profundización de las relaciones económicas con China ha sido una meta de los sucesivos Gobiernos peruanos desde inicios de siglo, más allá de las diferencias ideológicas entre los distintos presidentes. El avance de la inversión china se presentó como una alternativa a la dependencia de los capitales estadounidenses y facilitó el acceso a un nuevo mercado para los productos peruanos. El régimen chino, por su parte, encontró en el Perú un proveedor de minerales esenciales para sus cadenas industriales.

La firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países en 2009 fue vista como la consolidación de un nuevo mapa geoeconómico para el país. La retracción regional de Estados Unidos, enfocado en el Medio Oriente, durante buena parte de las dos décadas anteriores no hizo más que facilitar el avance chino en el Perú y acelerar el giro peruano hacia el Pacífico.

El factor Trump

Las relaciones del Perú con Estados Unidos durante el primer período de Donald Trump no fueron particularmente significativas. El discurso antiinmigración que llevó nuevamente al poder al magnate neoyorquino no era percibido como una amenaza estructuralmente antiperuana, incluso a pesar de la presencia de casi un millón de peruanos en Estados Unidos.

En aquel momento, la «amenaza china» en el Perú todavía formaba parte, principalmente, del discurso con el que los diplomáticos estadounidenses intentaban promover entre los funcionarios peruanos, con poco éxito, un veto al incremento de las inversiones chinas en sectores estratégicos. Por su parte, la cúpula política del gobierno republicano tampoco mostraba entonces un especial interés por el Perú, debido a la primacía de México y Centroamérica como fuente de los flujos migratorios hacia territorio estadounidense.

Todo esto cambió con la consagración geopolítica de Chancay. La retórica antichina, agudizada durante la campaña electoral que llevó a Trump a su segundo mandato, convirtió al puerto en un elemento discursivo con el que atacar la política de los demócratas hacia China y América Latina.

El Departamento de Estado reforzó su presencia en Lima con el nombramiento de Bernie Navarro —empresario cercano a Trump— como embajador en el Perú. En paralelo, el renovado acercamiento bilateral adquirió una dimensión militar con la aprobación estadounidense de una posible venta al Perú de 12 aviones F-16 Block 70 por un valor estimado de 3.420 millones de dólares, con los que la Fuerza Aérea Peruana busca remplazar sus MIG-29 rusos. A ello se sumó la aprobación de una posible operación de 1.500 millones de dólares para construir instalaciones en la Base Naval de Callao, situada relativamente cerca de Chancay.

Mientras esto sucedía, el Perú carecía de suficiente estabilidad política para plantear una estrategia diplomática con la que navegar el nuevo giro continental de la llamada «Doctrina Donroe». La crisis política iniciada en 2016 produjo una seguidilla de presidentes cuya mayor preocupación era sobrevivir en el cargo, incapaces de diseñar una estrategia exterior de largo plazo. El Perú pasó así de ser un país periférico en la agenda de Estados Unidos a convertirse en un espacio de competencia estratégica entre dos potencias globales, sin que su alicaída clase política tuviese capacidad suficiente de reacción.

El segundo fujimorato y las dudas de la agenda regional

Las elecciones de 2026 fueron igual de polarizantes que las ediciones anteriores. Roberto Sánchez intentó repetir la estrategia seguida por Pedro Castillo y planteó una agenda exterior cercana a los bloques de izquierda regional.

La novedad en política exterior vino de la mano del actual Gobierno, cuya aproximación a los sectores de la nueva derecha internacional y su afinidad con el trumpismo ya denotaban un posible giro proestadounidense, que lo separaba del otrora candidato favorito de la derecha peruana, Rafael López-Aliaga, de buenas relaciones con el capital chino. La designación del ex candidato y periodista Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores —quien trabajó durante quince años en la Embajada de Estados Unidos— es el símbolo más claro de la nueva dirección deseada.

El cálculo político del actual régimen tiene tanto de performatividad como de instinto de supervivencia. La aproximación a Washington coincide con el surgimiento del discurso de la «nueva derecha» peruana, que ve en los líderes de corte trumpista una fuerza de choque para la «batalla cultural», a la par que acusa a los políticos tradicionales de complacencia en cuestiones extraeconómicas.

Por su parte, el apoyo de Estados Unidos a un gobierno que llegó a la segunda vuelta con 16 % del voto popular puede contribuir a compensar la fragilidad local que se erige como espada de Damocles.

No obstante, incluso si el Gobierno se declara aliado de Washington, la realidad del empresariado local dista de seguir la misma inercia geopolítica. Agroexportadores y mineros ven en China un mercado confiable, mientras que los nuevos aranceles impuestos a los productos peruanos por Estados Unidos son percibidos como una amenaza para la producción nacional y como un desafío a las reglas del TLC firmado entre ambos países.

El dilema geopolítico que tendrá que enfrentar el Ejecutivo dista de ser sencillo. Las presiones opuestas provenientes de Estados Unidos y de los gremios empresariales peruanos poseen el potencial de corroer la capacidad operativa del Gobierno, afectando la promesa oficialista de recuperar la estabilidad política.

El panorama inmediato del Perú depende inexorablemente de su posicionamiento en la rivalidad sinoestadounidense. La colaboración en seguridad e inteligencia con Estados Unidos se presenta como esencial para enfrentar el narcotráfico y a las bandas criminales de escala continental afincadas en el país, como el Tren de Aragua. China, por su parte, ofrece cooperación en tecnología e infraestructura a un país ávidamente necesitado de tecnificar su aparato productivo más allá de la exportación metálica. El país necesita de ambos.

El desafío del Gobierno consistirá en traducir su relativa mayor estabilidad política en una agenda geopolítica equilibrada. De no conseguirlo, se arriesga a enfrentar una crisis del mismo o mayor alcance que las que llevaron a las caídas de sus predecesores. Solo el tiempo dirá si el país pudo aprovechar la oportunidad o si se convirtió en una baja más de la lucha por el nuevo orden mundial.