Intereses peruanos en la reconfiguración regional, 2026.

 

La reconfiguración obligada del orden regional ha significado el retorno de la geopolítica más cruda al debate público en América Latina, en tanto que el Perú se ve inmerso en una situación a la vez estratégica y delicada. Un complicado lustro geopolítico se cierne sobre el país y resulta necesaria una acción estratégica.

El retorno de la geopolítica dura

En su obra clásica World Order, Henry Kissinger aludía a la coexistencia de distintos niveles de orden en el sistema internacional, cada uno con diferente escala y trayectoria histórica. Cada Estado negocia su posición externa en una dinámica compleja —y en ocasiones brutal— en la que las élites nacionales proyectan poder más allá de sus fronteras. El Perú, como país latinoamericano que combina potencialidades geoestratégicas evidentes (ubicación geográfica, diversidad de recursos) con fragilidades internas de origen histórico, se ve obligado a posicionarse internacionalmente considerando ambas dimensiones. De ahí que las transformaciones del entorno regional tengan efectos potencialmente inestables sobre su política doméstica.

En ese sentido, los cambios experimentados en Sudamérica durante la última década exigen un enfoque geopolítico cuidadoso y una estrategia fina que permita atenuarlos y/o adaptarse a ellos. Estas mutaciones tienen su raíz en el ocaso de una realidad global específica: el American World Order. La transición hacia un sistema multipolar produjo, en Sudamérica, un grado inusual de neutralidad geopolítica, poco frecuente en la historia de las relaciones internacionales. Sin embargo, dada la creciente demanda de recursos estratégicos por parte de Estados Unidos, resultaba previsible que su repliegue global terminara afectando su entorno inmediato, como ocurrió con la proyección rusa en las exrepúblicas soviéticas tras la disolución de la URSS.

Desde Washington se observa hoy un esfuerzo deliberado por consolidar un orden hemisférico que compense la pérdida de influencia en escenarios estratégicos recientes, particularmente en Medio Oriente. Este propósito ya se manifiesta en acciones concretas, como el episodio panameño vinculado al control logístico chino del canal, los retornos forzados de migrantes y el deterioro de las relaciones con Canadá, México, Colombia y Dinamarca-Groenlandia. No se trata de eventos aislados, sino de una lógica estratégica ejecutada de manera consciente y sistemática. El hard power ha reaparecido en el vocabulario continental: amenazas arancelarias y referencias explícitas al uso de la fuerza militar se incorporan al nuevo léxico regional.

La captura de Maduro: una coyuntura crítica continental

El episodio de Nicolás Maduro presenta características particulares dentro del escenario continental reciente. Aunque las agencias de inteligencia estadounidenses cuentan con un largo historial de injerencias en América Latina, estas solían materializarse mediante mecanismos indirectos antes que a través de intervenciones militares abiertas. Incluso la captura de Manuel Noriega en Panamá, en 1989, respondió a un patrón relativamente acotado desde el punto de vista geopolítico. En contraste, la acción contra el régimen venezolano se desarrolló en un contexto de elevada tensión regional marcado por el avance de la presencia china, la crisis migratoria venezolana, la expansión transnacional del crimen organizado (Tren de Aragua), la actividad de los cárteles de droga y los remanentes en declive del chavismo regional.

La confluencia de estos fenómenos —frente a los cuales los Estados latinoamericanos se muestran ineficaces, indiferentes o directamente conniventes— ofrece a la actual administración estadounidense una ventana de oportunidad para legitimar su renovada política hemisférica apelando a la seguridad nacional. Estos factores, además, tienen consecuencias directas en el ámbito interno de Estados Unidos: al tradicional flujo de cocaína desde el triángulo Perú-Colombia-Bolivia se añade el ingreso de fentanilo desde América Latina, con 73.838 muertes por sobredosis registradas en 2023; paralelamente, organizaciones criminales ejercen violencia en territorio estadounidense y la inmigración proveniente de países en crisis genera un rechazo significativo en amplios sectores del electorado. En términos formales, se trata de inquietudes que cualquier Estado consideraría legítimas.

No obstante, más allá de la discutible consistencia política de dichas justificaciones, estas amenazas permiten catalizar una estrategia geopolítica orientada a restaurar la supremacía continental estadounidense. Así como durante la Segunda Guerra Mundial se impulsó la Política del Buen Vecino y en la Guerra Fría la Alianza para el Progreso y la Operación Cóndor, la actual coyuntura —asociada a la era Trump/Rubio— apunta a un retorno explícito a la coerción.

La caída del líder venezolano —cuyo desenlace en una prisión estadounidense era previsible incluso antes del fraude electoral chavista— tiene efectos directos sobre aquellos países latinoamericanos donde se incuban riesgos para los intereses percibidos por Washington. Maduro no solo encabezaba un régimen acusado de vínculos con el narcotráfico, sino que representaba la conducción política de un Estado convertido en plataforma de influencia china en la región. A ello se suman las concesiones petroleras otorgadas a Pekín, que restringían el flujo de crudo hacia Norteamérica en un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente por la confrontación entre Israel e Irán. Las acciones emprendidas contra el régimen chavista —liderado de facto por los hermanos Rodríguez— constituyen, en consecuencia, una señal inequívoca para los países que se desalinean de la agenda regional estadounidense.

El Perú entre Washington y Pekín

El Perú se sitúa hoy en un espacio geopolítico particularmente delicado. La presencia china en el país es de carácter estructural: entre 27.877 y 38.000 millones de dólares en inversión extranjera directa representan más del 20 % del total, mientras que cerca del 34 % de las exportaciones peruanas —estimadas en 79.000 millones de dólares para 2025— tienen como destino el mercado chino. A ello se suma la construcción y operación del puerto de Chancay por parte de la empresa COSCO, al norte de Lima, lo que introduce una modificación sustantiva en el equilibrio geopolítico del Pacífico Sur en favor de China. En el plano comercial, la relación bilateral resulta hoy indispensable para la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del país. En ese marco, es improbable que la presión del ala más conservadora del Partido Republicano altere significativamente la orientación comercial peruana. La separación entre ideología y comercio sigue siendo un rasgo persistente de la élite nacional.

Surge entonces la interrogante sobre cómo debe vincularse el Perú con la nueva estrategia regional de Estados Unidos. Resulta claro que no desde una postura abiertamente antichina. Tampoco parece probable que Washington impulse acciones de cambio de régimen, especialmente cuando el horizonte electoral de 2026 apunta a la consolidación de un gobierno conservador y promercado en Lima. Las señales hacia el Perú parecen orientarse más bien hacia una lógica de competencia y equilibrio.

En este marco, la competencia se manifiesta en el intento de debilitar la principal plataforma logística china en el país: Chancay. Un eventual gobierno de Antonio Kast en Chile implicaría un alineamiento explícito con Estados Unidos, facilitando una coordinación estratégica destinada a disputar el rol del puerto peruano, concebido originalmente como nodo de salida para la producción brasileña. Dadas las dificultades geográficas andino-amazónicas y las limitaciones de infraestructura existentes, no puede descartarse una alternativa chilena que articule corredores viales a través de Argentina y/o Bolivia hacia el puerto de Mejillones. Todo apunta a la conformación de esquemas de competencia regional en el corto y mediano plazo.

El equilibrio interno peruano, por su parte, se articula mediante acciones más puntuales pero de alto impacto. Destaca la presencia de personal militar estadounidense en territorio nacional, con un fuerte componente simbólico y disuasivo. A ello se suma el acuerdo para invertir 1.5 billones de dólares en la modernización de la Base Naval del Callao, lo que asegura una presencia militar y logística estadounidense en un enclave clave para el comercio internacional, ubicado a apenas 80 kilómetros de Chancay.

Así, la posición del Perú se mantiene deliberadamente ambigua dentro del tablero regional. El ascenso gradual de China desde la era de Hu Jintao se produjo en una región relegada por Washington, concentrado entonces en Afganistán e Irak. La nueva coyuntura exige una respuesta estratégica y diplomática capaz de adecuarse a las condiciones actuales.

Un primer paso consiste en asegurar que la competencia estadounidense frente a Chancay se desarrolle dentro del territorio nacional. El postergado puerto de Corio, en Arequipa, debería proyectarse como un hub logístico respaldado por capitales estadounidenses, permitiendo que los flujos de inversión y los procesos intermedios permanezcan en la economía peruana. En paralelo, resulta clave reactivar las negociaciones con Brasil para profundizar la interconectividad binacional mediante la mejora de las carreteras interoceánicas y el desarrollo sostenible de corredores ferroviarios.

Más allá del plano comercial, el dilema es eminentemente político. Una estrategia orientada al equilibrio sinoestadounidense aparece como la opción más racional. La designación del Perú como aliado de la OTAN constituye una señal en esa dirección, aunque el estado actual de la alianza atlántica limita su confiabilidad como instrumento de acercamiento a Estados Unidos en el mediano plazo. En cambio, una diplomacia económica enfocada en atraer inversión estadounidense en sectores emergentes —centros de datos, investigación y desarrollo, industrias ligeras— permitiría profundizar la relación bilateral sin tensionar los vínculos con China, cuyos proyectos industriales en el país siguen siendo secundarios frente a su interés minero. Por su parte, Pekín difícilmente buscará una confrontación directa y probablemente optará por una estrategia de mediano plazo, a la espera de un nuevo ciclo presidencial estadounidense.

En consecuencia, el gobierno que asuma en 2026 deberá impulsar tempranamente una diplomacia orientada a construir un equilibrio estratégico entre Washington y Pekín, no desde la subordinación, sino desde el aprovechamiento inteligente de las oportunidades que ambos polos ofrecen. En buena medida, el rumbo del Perú en los próximos cinco años dependerá de la capacidad para sostener ese delicado balance.