Las declaraciones del presidente colombiano sobre la soberanía peruana en torno a Santa Rosa no deberían haber sorprendido al público peruano. Ya en el año previo, distintas autoridades colombianas habían insistido en cuestionar el ordenamiento jurídico del territorio en disputa. Aunque el gesto de Petro se asemeja más a una maniobra de marketing político de un líder en apuros, las motivaciones geoestratégicas de la intelligentsia del Estado colombiano responden a factores estructurales que el Perú debe considerar si aspira a garantizar una convivencia estable en la frontera amazónica a mediano plazo.
Tal como se ha señalado, entre los gestores y analistas de prospectiva nacional colombianos existe un temor fundado: la eventual pérdida de la condición de Estado ribereño debido al desplazamiento del cauce del Amazonas, que amenaza con alejarse de la ciudad de Leticia. Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia ya había advertido sobre este riesgo. Si bien el acceso de Colombia al Atlántico no se vería comprometido, sí lo estaría su conexión con el mercado brasileño. Las repercusiones serían graves: debilitamiento del comercio fluvial, riesgo de despoblamiento en Leticia, pérdida de soberanía efectiva y, en consecuencia, ocupación de los espacios vacíos por actores paraestatales con agendas propias.
El Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Acuerdo de Río de 1934 fueron firmados en un contexto en el que los avances en hidrología y climatología aún no permitían prever la magnitud de la variabilidad fluvial ni sus consecuencias geopolíticas un siglo después. La Amazonía, desde el siglo XVI, ha sido un escenario recurrente de disputas limítrofes; en ese marco, la relativa paz alcanzada tras el acuerdo peruano-ecuatoriano de 1998 constituye más una excepción que la norma.
En este sentido, el estilo in crescendo de las reclamaciones colombianas en el último año parece responder menos a un arrebato unilateral que a una estrategia comunicacional y diplomática orientada a negociar con el Estado peruano. Esta estrategia se explica por la ventaja peruana: ocupación efectiva de la isla durante medio siglo y una posición jurídica colombiana endeble.
Estamos, en efecto, ante la presentación de un “plan máximo” en la mesa de la Comisión Binacional Mixta: la cesión de la isla y la aceptación de un corrimiento de la frontera. Aunque tal pretensión sea poco realista, es razonable suponer que los tomadores de decisión colombianos son plenamente conscientes de ello.
Más factibles resultan resultados intermedios, como concesiones peruanas que no impliquen renuncia de soberanía: permitir a Colombia el uso de Santa Rosa como puerto con tarifas preferenciales o asumir los costos del dragado de la sección colombiana del Amazonas para devolver el thalweg a su ubicación original. Una alternativa aún más probable sería la cooperación bilateral en la financiación del dragado, evitando la percepción de imposición o cesión. La negociación, al fin y al cabo, es un arte más que una ciencia.
Más allá de la coyuntura reciente —explotada por políticos de ambos países en busca de réditos internos—, este episodio ha vuelto a exhibir uno de los problemas sistémicos del Estado peruano: la precariedad de su estrategia amazónica y la debilidad de sus políticas fronterizas, propias de un Estado centralista y corto de miras.
La Ley 29778 (Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza), aprobada en 2011, creó el Sistema Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza como mecanismo coordinador de políticas públicas en estas áreas. Sin embargo, casi tres lustros después, la realidad muestra la escasa efectividad de esta norma en la Amazonía. A las debilidades estructurales (centralismo, falta de infraestructura, baja densidad poblacional) se suma la crisis política crónica, lo que sabotea cualquier estrategia sostenida para garantizar soberanía en puntos sensibles como Santa Rosa. La sospecha de que nada cambiará cuando se apaguen los reflectores populistas resulta, por tanto, justificada.
Surge, entonces, la necesidad de alternativas de gestión fronteriza con una visión que supere lo coyuntural. En el caso de Santa Rosa, esto es crucial si el Estado peruano quiere evitar la reactivación periódica del diferendo con Colombia. Una lectura geopolítica más sofisticada debe ser el punto de partida.
El problema no se limita al alejamiento del Amazonas respecto de Leticia en perjuicio de Colombia; también implica un riesgo grave para el Perú. El avance de la isla de Chinería hacia las costas de Leticia —con las que colisionará de mantenerse las tendencias actuales— amenaza con convertir a Santa Rosa en un enclave peruano en territorio colombiano: una “isla de tierra”.
Los riesgos son múltiples. En el plano jurídico, la cercanía inmediata entre ambas fronteras facilitaría al crimen organizado un entramado legal para operar como base y refugio, sin necesidad siquiera de cruzar el río. Ello incrementaría las tensiones locales y potenciaría los circuitos ilícitos, configurando una amenaza híbrida fronteriza.
Desde la óptica política, resulta improbable que Colombia acepte pasivamente una presencia geopolítica percibida como una “espina clavada”. Aunque no se trate de un caso equiparable al de Ceuta y Melilla en Marruecos, la situación podría convertirse en bandera populista dentro de la política colombiana.
En lo simbólico, permitir que Santa Rosa quede “a la deriva” socavaría la legitimidad del Estado peruano en los sectores más nacionalistas. Basta recordar la polémica generada por el estatus especial de Tiwinza —que no supuso cesión de soberanía al Ecuador— para anticipar reacciones similares. Tal escenario alentaría discursos radicales en contextos de alta tensión social.
El riesgo mayor, sin embargo, radica en la posible “desperuanización” de la isla. La asimetría entre ambos espacios es evidente: mientras Santa Rosa, con apenas 2 500 habitantes, carece de infraestructura y mercado relevante, Leticia, con 48 000 habitantes, dispone de una base urbana sólida que refuerza la ocupación territorial. Aunque la Constitución peruana prohíbe a extranjeros adquirir propiedades a menos de 50 km de la frontera, mecanismos indirectos como compras mediante testaferros peruanos o alquileres a ciudadanos colombianos podrían alterar la composición demográfica local. Esto debilitaría la ocupación efectiva peruana y, a mediano o largo plazo, socavaría su posición en futuras controversias. El antecedente de la “desperuanización” de Arica como preludio a la pérdida de soberanía es una advertencia que no debe subestimarse.
No obstante, esta amenaza híbrida no constituye un destino inevitable. Su diagnóstico permite delinear estrategias de mitigación y reforma orientadas a garantizar la continuidad de la soberanía peruana sobre Santa Rosa. Estas alternativas serán desarrolladas en la próxima entrega.
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