Cauterizar riesgos globales

                                      Por Fabrizio del Piélago 

Si algo ha quedado demostrado con las últimas crisis globales —pensemos aquí en el mundo post 2008— es que no hay un solo Estado en la Tierra que se mantenga inmune a los efectos perniciosos de estos procesos. Unos, claro está, lo hacen con mayor o menor éxito que otros. El Perú, gracias en buena medida al trabajo del Banco Central de Reserva, ha sabido capear los elementos más destructivos que la política internacional nos irradia. Esto ha generado en ciertos sectores de los estratos A y B una especie de optimismo ciego en la capacidad ad infinitum de los stakeholders macroeconómicos de mantener a flote al país, como si nuestras reservas económicas fueran ilimitadas o como si todas las crisis fueran iguales.

Este espejismo es mucho más peligroso en tanto la naturaleza de las crisis globales se vuelve cada vez más compleja, y adquiere ramificaciones paralelas o transversales que trascienden las limitaciones monetario-fiscales y las reacciones de los sistemas de emergencia. El término “amenaza híbrida” se acuñó para significar aquellas amenazas multidimensionales que afectan los nuevos campos de batalla contemporáneos, los mismos que van más allá de los teatros de operaciones de un conflicto tradicional y se insertan en otros aspectos de la sociedad objetivo: ciberamenazas, guerra económica, infiltración ideológica, entre otras. 

Como queda demostrado con las presentes situaciones en el Medio Oriente y en Europa del Este, las ramificaciones estratégicas de un conflicto no pueden ser contenidas dentro de un espacio geográfico. Si bien el Perú no está bajo ataque directo de alguno de los actores globales principales, los riesgos que las acciones de estos producen en la región califican como amenazas híbridas "no dirigidas". Esto, sobre todo, por las diferentes dimensiones de riesgos existenciales que generan y su interacción con las deficiencias estructurales propias.

El Estado peruano carece de mecanismos estratégicos de acción para lidiar con las amenazas híbridas para el país que estas dinámicas de conflicto generan. Así quedó demostrado durante el gobierno de Pedro Castillo, con su incapacidad de solucionar las demandas de los agricultores que dependían de fertilizantes importados desde Rusia, afectando salud y mercados de consumo y exportación; así como del resto de actores económicos ligados a esta cadena de suministros. Así queda nuevamente demostrado durante el actual gobierno frente a los riesgos para la economía local que significa una posible guerra en el Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, cuyos efectos en un país importador de petróleo como el Perú serían devastadores.

Ni este régimen ni sus antecesores se han preocupado por diseñar e implementar estrategias y políticas públicas para gestionar las amenazas globales, las mismas que pueden fácilmente convertirse en amenazas existenciales ante la fragilidad de nuestros agentes públicos y la informalidad abrumadora de nuestro sistema productivo. Muy iluso sería creer que los riesgos de estos conflictos podrán ser tratados únicamente con las acciones de nuestro heroico BCR. Los otros agentes públicos cuyo concurso se necesitará para concertar acciones conjuntas de mitigación de amenazas están en la lona: Petroperú, quebrado; el Ministerio de Agricultura, convertido en un agente de segundo orden; el MEF, dando vueltas sobre sí mismo.

Otro gobierno, con visión estratégica, ya habría empezado a plantear soluciones locales y alianzas regionales para frenar la ola. La soberanía alimentaria requiere de un Estado que fomente la inversión privada en fertilizantes o que los produzca a través de APP (Alianzas Público-Privadas). La soberanía energética demanda que el fin de la era del combustible fósil sea tratado no como un fenómeno externo cuyas consecuencias debamos aceptar pasivamente, sino como una oportunidad para actuar como actores proactivos capaces de implementar energías alternativas con nuestros propios recursos naturales.

Las amenazas a la salud pública por recurrentes epidemias globales demandan el fomento de laboratorios BS4 en cada región del país y la inversión en la formación de técnicos virólogos. La seguridad pública demanda una inversión no solo moral (que es la principal), sino técnica, que facilite la producción local de tecnologías de seguridad. Ninguna de estas tareas, como se ve, es solucionable por las autoridades bancarias peruanas, sino que requieren de la acción conjunta de entes técnicos de distintos niveles y de una voluntad política que solo puede provenir de gobiernos estables.

Todas estas amenazas, por lo demás, afectan seriamente a los sectores populares y a la clase media peruana —nuestra esperanza hacia el futuro, pero bastante precaria— y se convierten en un riesgo para nuestra seguridad internacional económica; esto es, nuestra capacidad de tener una voz internacional para lidiar con los problemas que nos afectan directamente. Es un círculo vicioso. Más aún, la panacea monetarista-financiera amenaza con socavar la estabilidad de nuestra economía de mercado. 

Al dejarle el problema al Banco Central y al MEF, se produce el riesgo de que estas instituciones, pilares de nuestro sistema, sean percibidas en el imaginario popular como entes alejados del ciudadano de a pie, y su legitimidad sea cuestionada. Esto ya pasó durante las últimas elecciones y dice mucho de la dejadez del Estado peruano para legitimarse a sí mismo. 

Aquello es un riesgo que todos pueden ver, especialmente quienes, desde dentro del país y desde el exterior, buscan desestabilizar la democracia representativa peruana socavando las instituciones, para lo que cuentan con el apoyo diario de una clase política de nivel espeleológico.

Más allá de nuestra fragilidad institucional, lo cierto es que el Perú tiene los recursos suficientes para asegurar una transición económica que garantice nuestra seguridad nacional y un posicionamiento estratégico vis-à-vis las fuerzas internacionales. Existe la capacidad material de utilizar nuestros propios recursos materiales y humanos para conseguirlo. La Sociedad Nacional de Industrias, la UNALM, las facultades de ingeniería del Perú, CONCYTEC, los cuerpos científicos y productivos de las FFAA, el SENATI, etc., pueden y deben utilizarse para actuar como agentes locales frente a los riesgos globales.

Es cierto que el Perú parte con una brecha tecnológica grande, pero también es cierto que esta se hará mayor con cada año que se mantenga paralizada la acción de investigación y desarrollo. ¿No puede el Estado peruano crear parques industriales  especiales para la inversión privada en I+D, evitando los errores de la CEPAL y mirando hacia casos de éxito en economías emergentes? ¿Es imposible, acaso, potenciar las capacidades de las empresas peruanas dedicadas a la logística?  El agro, la salud nacional, nuestras cadenas de suministro bien se verían beneficiadas con un fortalecimiento de las capacidades productivas propias.

No es que estemos solos en esto, por lo demás. El Perú es miembro de dos bloques regionales poderosos: la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones. A diferencia de otros bloques regionales, estos nos permiten coexistir sin intentos hegemónicos por parte de uno de sus miembros. Una agenda regional de cooperación en la cauterización de riesgos globales (o por lo menos de su minimización) es, sin duda, el mejor complemento para el esfuerzo nacional. Es necesario convertir la ventaja de nuestra posición alejada de los núcleos de conflicto global en una posición de soberanía estratégica para desarrollar proyectos propios.

Se hace necesario, entonces, plantearnos una política de Estado para lidiar con estos riesgos. No podemos vivir de las reservas del BCR. Hay otras reservas, las sociales, que hace mucho se vienen agotando y cuyo desaliento se convierte en un caldo de cultivo para proyectos antisistema que, a manera de catarsis colectiva ante la desidia de las élites peruanas, pueden desbordarse hasta descarriar los últimos treinta años de gestión.

Surge, pues, la demanda por liderazgos nuevos, que puedan aunar las capacidades tecnocráticas con la voluntad política para enfrentar los riesgos globales que se irán enervando conforme el mundo se convierte en un espacio multipolar y las sociedades van adquiriendo un nuevo rostro sociodemográfico en medio de un desastre ecológico. 

No es posible hacer esto si se aliena a los sectores históricamente marginados, los mismos cuya participación es esencial si se pretende que un nuevo pacto social sea legítimo. Tampoco es posible esto si no se crea un sistema de contrapesos desde la sociedad civil. Mucho menos si se destruye el equilibrio ecológico que sostiene nuestro tejido económico. Una democracia informada deberá ser nuestro principal recurso estratégico frente a un (des)concierto global. Tenemos recursos, pero el tiempo avanza. Deberá ser pronto o no será.